SE APROBÓ LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO
	El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba desarrolló esta tarde la 27ª sesión del período ordinario 2012, oportunidad en la que se aprobó por unanimidad la modificación del Reglamento Interno del Cuerpo, que propició la creación de la Comisión de Equidad de Género que se suma así a las ocho existentes.
La concejal Miriam Acosta (UCR), en carácter de informante, expresó que la creación de esta comisión es una “instancia relacionada al tratamiento integral de cuestiones tendientes a asegurar la efectiva equidad entre los géneros y la efectivización de la igualdad de derechos y oportunidades, como requisitos fundantes para lograr una ciudad donde la igualdad acompañe a la consolidación de la democracia social”. Posteriormente, la concejal Claudia Martínez (UPC), impulsora del proyecto sostuvo que “el tema de las mujeres nos involucra a todos” y que en el ámbito municipal la problemática de la igualdad de oportunidades siempre fue “objeto de acciones aisladas, sin una política continuada”. “Las políticas públicas desde la perspectiva de género no son una moda sino un cambio en la política”, agregó. Por su parte la concejal Analía Romero consideró que la creación de la comisión “es un salto cualitativo de este Concejo en pos de mejorar las condiciones de igualdad entre varones y mujeres, y revalorizar la contribución de la mujer a la vida social, política, económica y cultural de la ciudad”. El concejal Miguel Siciliano (Eva Duarte), pidió la palabra para anunciar el apoyo de su bloque al proyecto a partir de una decisión adoptada antes del inicio de la sesión. Este bloque no había acompañado la iniciativa en comisión. “El Bloque Eva Duarte toma esto como un signo de confianza, integrará la comisión y si esto sirve para terminar con la violencia de género, cuenten con nuestro voto”, dijo Siciliano. Javier Bee Sellares, coincidió con su par Daniel Juez, en que “parece mentira que en 2012 estemos sacando una tarjeta roja a la violencia de género”.  la autora del proyecto Claudia Martinez con Monica Reviglio al término de la sesión El proyecto fue aprobado por unanimidad por los 27 concejales presentes en el recinto, y en el cuarto intermedio, tanto los ediles, como los invitados y el público mayoritariamente femenino que siguió el debate, sacó la “tarjeta roja al maltratador”, el signo distintivo de una campaña internacional iniciada en España y que ahora está siendo impulsada en la Argentina. Una de sus impulsoras en el país, la periodista Liliana Hendel, que llegó desde Buenos Aires para participar de la sesión, dijo: “Este es un día histórico. Estamos muchas personas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y en estos momentos cosechamos lo que hemos sembrado. Cada muerta nos debe interpelar, cada mujer golpeada, cada mujer que muere por un aborto clandestino, nos deben interpelar. Córdoba ha sido siempre una ejemplo. Hoy también”. Minutos antes de la sesión, el viceintendente, Marcelo Cossar, y Hendel y las ONG Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, Latina Urbana y Fundación Españoles en el Mundo, firmaron un acuerdo de cooperación por el cual el CD se suma a la campaña “Saca Tarjeta Roja al Maltratador”. Sobre este momento que se vivió en la sede del parlameto comunal, Cossar dijo que de “esta forma el Concejo contribuye con la igualdad de género, con una comisión que se suma a otras que tienen décadas funcionando”

LA LEY DE FEMICIDIOS PARADA EN EL SENADO-

Desde su sanción en Diputados , la ley de femicidios en Argentina, esta paralizada en el senado de la Nación. Nota de Mónica Reviglio con Cecilia Merchán, ex diputada nacional, autora del proyecto

70% MAS DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. CORDOBA ESTA PREPARADA???

Dolorosa realidad (publicado por La Voz del Interior - 02-09-12


En 2011 hubo 23.530 casos de denuncias de violencia familiar, frente a los 22.297 de 2010. Desde que rige la ley provincial,vigente a partir de 2006, las denuncias aumentaron un 70 por ciento. Cada 22,5 minutos, la Justicia provincial recibió y verificó una denuncia por maltrato familiar durante 2011. Esto significa que se denunciaron 64,8 casos diarios, frente a un total de 23.530 del año pasado. La cifra constituye un nuevo récord, frente a las 22.297 causas iniciadas en 2010. Los datos proporcionados a este diario por el Área de Investigación del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, del Poder Judicial de Córdoba, confirman que desde el 1º de marzo de 2006, cuando la Legislatura sancionó la Ley de Violencia Familiar 9.283, los casos, lejos de disminuir, se multiplicaron.
A partir de la sanción de los 40 artículos que conforman esa ley, hubo un disparador impensado de denuncias, que, de 13.822 en 2006, aumentaron un 70 por ciento en sólo seis años. ¿Cómo debe interpretarse este fenómeno? ¿Como un éxito o como un fracaso?

A poco de promulgarse la ley 9.283, un panel integrado por la licenciada Alejandra Morcillo, el fiscal de Instrucción Rubén Caro y el psicólogo social Sebastián Bertucelli hicieron una presentación ante funcionarios judiciales y representantes de todos los centros de salud de Córdoba. “En esa oportunidad –sigue sosteniendo hoy Bertucelli, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, advertí que si estaba la ley pero faltaba el procedimiento, la ley no servía. Han pasado 6 años y quisiera saber qué pasó con todas las denuncias que ingresaron, qué caso exitoso hubo. Porque acá presentan como éxito el aumento de denuncias y no se sabe qué reincidencias hubo, qué seguimientos se hicieron. Largaron una ley y el mensaje fue ‘denuncie’. En aquella oportunidad, la licenciada Morcillo, una de las impulsoras de la ley, dijo con inocencia: ‘Lo único que nos falta es el procedimiento’. Si no tenés el procedimiento, hacé de cuenta que no tenés nada”, remarca el especialista.

“Si no existe entre la ley y la gente un dispositivo institucional, la ley es una abstracción, un deber ser. Los dispositivos institucionales están todos perimidos. Fíjese lo que es salud mental. Le están sacando los recursos, el Instituto Provincial del Alcoholismo y la Drogadicción (Ipad) no da abasto, nadie pone un mango en salud mental”, se queja el psicólogo.

Recién en octubre se conocerá, como todos los años, el “mapa provincial de denuncias de violencia familiar”, correspondiente a 2011. Aunque sólo se pudo conocer la cifra global de ese período (23.530, un 6 por ciento más que en 2010), siempre hubo una constante: en relación con la cantidad de habitantes, Cosquín y Alta Gracia son las ciudades donde se produce la mayor cantidad de denuncias.

En la encuesta de 2010, la Fiscalía de Alta Gracia admitió 846 denuncias de violencia familiar, con lo que alcanza el 7,9 por ciento de todas las formuladas en el interior provincial y supera a ciudades como Villa Carlos Paz, Jesús María, Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Laboulaye, Cruz del Eje y Deán Funes, por citar algunas.

Gran cantidad de casos. Cuando aún faltan cuatro meses para conocer cuántas denuncias hubo en 2012 (dato que recién se actualizará en el Mapa Provincial de octubre de 2013), el fiscal Emilio Drazile cuenta que tiene 1.000 denuncias de la ciudad de Alta Gracia y otras 500 de las poblaciones aledañas en las que tiene jurisdicción. “No hay tiempo material ni humano para atender esas 1.500 causas como uno aspiraría a hacerlo. En 2011, logramos elevar 100 casos a juicio, la mayoría de ellos con presos”.

Drazile reconoce que se está actuando “sobre los hechos consumados” y se lamenta porque “la Unidad Judicial está sin personal”.

Las 1.500 denuncias sobre violencia familiar representan un 30 por ciento del total de expedientes judiciales que se inician en la Fiscalía de Alta Gracia. Drazile admite que se actúa sobre “los hechos consumados” y el total de denuncias no se corresponde con el número de imputados. “Podemos encontrarnos con cuatro o cinco causas contra la misma persona”.
Una de las herramientas utilizadas para contrarrestar la reincidencia de los agresores, no sólo por Drazile sino por casi todos los fiscales del interior provincial y apoyada por jueces de Control y camaristas, es la figura penal de la “desobediencia a la autoridad”, contemplada en el artículo 239 del Código Penal, con penas de un mes a un año de prisión.

“Para nosotros, esa figura es muy importante porque la aplicamos cuando el golpeador tiene restricción de acercarse al hogar y de comunicarse con la víctima y vuelve a la casa, golpea a la mujer y la amenaza. Le imputamos desobediencia y lo enviamos a la cárcel. Ahora estamos atados de pies y manos, porque la Cámara de Acusación sostiene que no hay delito. Por instrucción de la Fiscalía General, esa sentencia fue apelada por el fiscal de Cámara y ahora deberá resolver la casación el Tribunal Superior (de Justicia)”.

Contra la corriente. El caso al que Drazile alude es de suma gravedad, ya que los protagonistas son un hombre y una mujer que se agredieron en distintas oportunidades, de palabra y a los golpes. Nelson F. y Andrea V. están imputados porque ninguno de los dos respetó las reiteradas órdenes de restricción de acercarse al domicilio del otro y la prohibición de comunicarse, relacionarse o entrevistarse, dispuestas por un juez de Familia y por el fiscal de Alta Gracia.

Ante el riesgo cierto de la vida de la mujer, Drazile ordenó la detención y el envío a Bouwer de Nelson F. por “desobediencia a la autoridad” y “lesiones leves calificadas”. El caso llegó a la Cámara de Acusación y el tribunal dictó el sobreseimiento parcial de la causa al sostener que las conductas de Nelson F. y Andrea Soledad V. eran “atípicas”, es decir, que no constituían delito.

El fiscal Jorge Leiva apeló la controvertida opinión de los camaristas y, aunque comparte que en todo conflicto de naturaleza familiar se desaconseja la intervención del derecho penal, “esa afirmación como razón de política criminal, en el caso que nos ocupa, está bastante lejos de la realidad que evidencian los hechos de violencia familiar narrados en la presente causa, ya que la constante violación de las medidas tutelares dispuestas y la reiteración delictiva llevaron al fiscal a ordenar la detención de uno de los imputados, con el evidente propósito de combatir los enfrentamientos”.

Cómo tratar a los violentos. Otra arista del problema de la violencia familiar es qué hacer, cómo tratar a los violentos. El fiscal Drazile considera que es un tema para discutir, porque se trata de personas “enfermas”, que merecen un tratamiento como tales. “En menos de un año, se quitaron la vida tres hombres al recibir la notificación de la orden de restricción de acercarse al hogar. Dos de ellos eran policías”, precisa.

El miércoles hubo dos casos extremos de violencia doméstica en el interior provincial. En Villa del Rosario –90 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba–, Miguel Ángel Zamparini (55) irrumpió en horas de la madrugada en el domicilio de Paola Nievas. El exaltado individuo, quien tenía orden de restricción de acercarse a la mujer, la mató a balazos, hirió a una hija y se suicidó.

La otra tragedia se produjo en una vivienda de Cruz del Eje. La víctima, Ivana Lorena Perán, fue asesinada por su pareja, el cabo de policía Alberto Carrizo.

“Ahora todos se rasgan las vestiduras y no se dan cuenta de que han perdido la iniciativa; la iniciativa es de los golpeadores, los violadores. Los fiscales están sobrepasados; hay cientos de chicos que han sido golpeados por primera vez y a nadie le interesa. No hay un dispositivo de prevención. El Estado tiene una oficina con ocho profesionales que esperan denuncias. Están a 60, a 80 cuadras del problema, no tienen idea de lo que está pasando. En la ciudad de Córdoba, hay 100 centros de salud que deberían ser la herramienta fundamental del sistema. Es una estructura ya existente; van los niños, las mujeres embarazadas. Ahí hay que estar para armar una red de trabajo con un equipo interdisciplinario. Hay barrios violentos donde es necesaria la participación de arquitectos, los centros de salud son laboratorios de prevención. Pero esto no se hace ni se va a hacer si ponés una oficina de violencia familiar en el centro de la ciudad”, sostiene Bertucelli.
El psicólogo social no ahorra críticas y, a propósito de la conmoción que causaron los trágicos sucesos del miércoles, opina que todos se alarman “cuando hay sangre y la sangre es lo mediático, lo que es negocio para abogados y el periodismo amarillo”.

Para Bertucelli, la ley de violencia familiar –como muchas otras– “es marketing ; todo lo que se hace políticamente es humo, es una gran mentira, es como un gran simulacro cuando el lobo no está, porque después no aparecen los mejores servicios”.

“La prueba está en que llevamos años de leyes y el problema cronifica y aumenta cada vez más, a tal punto que ahora quieren sacar una emergencia de la mujer golpeada. Pero ¿cómo? Si estamos llenos de leyes. Debe replantearse todo y los gobiernos tienen que cambiar y poner equipos inteligentemente descentralizados, al lado de la gente”, agregó.



“Y Dios hizo las leyes: para los políticos, con eso basta. Pero en materia de violencia –concluye Bertucelli–, el sistema no funciona porque hacen falta dos palabras: coordinación y seguimiento”.

OTRO FEMICIDIO EN CORDOBA... TAMBIEN MURIO SU ACTUAL PAREJA..SU EX DETENIDO

Pareja murió tras incendio en su casa y sospechan del ex de la mujer


Logró escapar de las llamas, pero falleció por las graves quemaduras que sufrió. El supuesto autor del incendio está detenido. Ocurrió en Unquillo   Una mujer de 33 años y su novio de 32 murieron ayer luego de que alguien prendiera fuego la cama en la que dormían, según se conoció ayer al cierre de esta edición. El drama ocurrió en una precaria vivienda de Unquillo y por el caso fue detenido la ex pareja de la mujer, quien según una confesión extraoficial habría asegurado ser el autor del incendio. Alertados por los vecinos, patrullas de la localidad de Unquillo llegaron hasta un humilde domicilio de calle Segundo Sombra al 90, de barrio Tortosa, donde ya en el exterior de la casa, encontraron malheridos a Claudia Roberta Bassano (33) y a Luis Pons (25).
Minutos antes, alguien había prendido fuego el colchón en el que dormían y aunque alcanzaron a escapar de allí, sufrieron graves quemaduras.